El problema de la polución sonora en la ciudad de San Lorenzo ha alcanzado un punto crítico social y político.
La flagrante corrupción, la impunidad y las decisiones tomadas por el municipio que van en detrimento directo de los ciudadanos no es algo raro, y de hecho es algo que se repite en cada gobierno municipal.
En el gobierno de Felipe Salomón, esto tampoco es la excepción: es la regla.
Tras un mes de operativos policiales, cumplimiento a la Ley Nacional 6930 “Que Regula la Emisión de Ruidos”, con participación de la Policía Nacional, apoyados por Criminalística, Antinarcóticos y Fuerzas Especiales, se ha logrado controlar el caos en el llamado “Triángulo de Bares” ubicado en la Avenida Defensores del Chaco y Fortín Arce de la ciudad universitaria.
Fue un trabajo conjunto, intenso y valiente entre la ciudadanía y la fuerza policial.
Son tres bares que funcionan y contaminan acústicamente en simultáneo: La Pachanga, Territorio Chopp, y Puerto Chopp. Las mediciones realizadas por Criminalística de la Policía Nacional arrojó números superando los 80 db en las primeras semanas. Las redadas lograron hacer cumplir la ley que prohíbe el consumo de bebidas alcohólicas. También se descubrió que el lugar era un imán de criminales, logrando la Policía detener a decenas de personas con órdenes de captura.
Hechas las denuncias a la fiscalía, y las mismas derivadas luego a la Municipalidad de San Lorenzo, queda solo un estadio a cumplir: lograr que el Intendente Municipal, Felipe Salomón, haga cumplir la ley.
La Ley 6390 pone en manos de las autoridades municipales la regulación de los decibeles permitidos en la zona urbana y los castigos por la violación de la ley.
La Ley, pero del Ñembotavy
Desde el primer fin de semana de operativos, los vecinos organizados están solicitando una audiencia con el intendente Felipe Salomón para emplazarlo a que cumpla la ordenanza vigente. Desde entonces, el intendente está evadiendo la reunión con simples excusas de mala organización, sin dar detalles.
El intendente tampoco está haciendo cumplir la ley, las denuncias se encuentran en el Juzgado de Faltas del municipio sin ningún pedido de celeridad del intendente, sin ninguna demostración de interés por el problema de la polución sonora que significa la gran mayoría de las denuncias recibidas en el sistema 911.
El intendente de San Lorenzo Felipe Salomón no está haciendo cumplir la Ley 6.390, está cumpliendo la Ley del Ñembotavy, dándole la espalda a la ciudadanía.
Esconderse es lo único que puede hacer, porque las evidencias son tan contundentes que no tendrá otra opción que sancionar a los locales. Entonces pasamos a la conjetura de que realmente lo que pasa es que tiene miedo de sancionar o es parte del problema.
Corrupción y Complicidad
Escondido de la ciudadanía, sin accionar, el intendente hace la vista gorda y da lugar a que un grupo de concejales en la Junta Municipal de San Lorenzo, liderados por el Concejal Hugo Lezcano, quien en este problema es juez y parte porque es dueño de una de las discotecas denunciadas, pretenden rehacer la ordenanza a su gusto y paladar, justificados por estudios dudosos, ignorando el trabajo policial y las denuncias realizadas tanto en la Municipalidad y en la Fiscalía.
Siendo el concejal dueño de una de las discotecas denunciadas, éticamente no puede participar de la creación de una nueva ordenanza que pueda sancionarlo a él mismo.
Según la RAE, la definición de corrupción es la “Acción y efecto de corromper o corromperse”, en este caso, en el seno de la Junta Municipal se encuentran ediles dispuestos a permitir que una persona denunciada cambie la ley que debería castigarlo.
Lo que significa que si se da curso a este grosero hecho, la corrupción de todos los ediles municipales sería total y sin excepciones.
No hay dudas de que en San Lorenzo reina la total corrupción, y con complicidad del mismo intendente. Una burla a la razón y un insulto directo a todos los ciudadanos de San Lorenzo.
Sin Ley, ¿Qué nos queda?
Con políticos que utilizan el estado para su propio beneficio, con desprecio total a la ciudadanía, a las causas justas, a la salud pública, la seguridad, la ley y el orden, e incluso la Constitución Nacional, no le queda otra al ciudadano que seguir utilizando la fuerza para realizar cambios significativos: manifestaciones, escraches, espectáculos mediáticos, y más estrategias para atacar políticamente a los ediles.
Puesto que ninguna causa ciudadana, ley ni bien común les importa, sino su propia imagen política. Entonces, la ciudadanía, tal como dice la constitución nacional, tiene el derecho y la obligación de accionar para que sufran la humillación y el ostracismo social que se merecen: “Se autoriza a los ciudadanos a resistir a los usurpadores, por todos los medios a su alcance”.